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Los pendientes del Gobierno Nacional con la vía Villavicencio a Bogotá, " Veeduría Vial del Meta"

“Desde noviembre de 2018 están asignados 30 000 millones de pesos por el Ministerio de Transporte, para la solución definitiva con túneles falsos en los kilómetros 46 y 64. A la fecha no se conocen los diseños, ni apertura de proceso de contratación de construcción”.

 

“Las enormes pérdidas económicas y sociales en la región por los cierres de la vía, causados por la inestabilidad del Km 58, hacen necesario establecer responsabilidades, especialmente a cargo de Coviandes como constructor, de acuerdo a las conclusiones de los estudios del consorcio interventor y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: ¿Quién asumirá los costos del restablecimiento de la movilidad con seguridad y el uso de la infraestructura que ya pagamos los usuarios?”

 

“A la Agencia Nacional de Infraestructura se le ha solicitado diga oficialmente cuales son las obras definitivas de mitigación para el kilómetro 58 en relación con las laderas de Mesa Grande”.

 

“La veeduría ha solicitado muchas veces el último levantamiento del Modelo Digital del Terreno del kilómetro 58, para definir las obras de estabilidad, sacar las predicciones de escenarios de riesgo, además verificar que cumpla con las normas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.

 

“Se solicitó reunión con el Puesto de Mando Unificado para definir aspectos y seguimiento a los hallazgos y consideraciones del informe de la Sociedad de Ingenieros de Colombia sobre el derrumbe en el kilómetro 58, pero a la fecha no han dado respuesta a la petición de la veeduría”.

 

“¿Por qué no entregan resultados de la investigación realizada los ingenieros militares de Estados Unidos sobre el derrumbe del kilómetro 58? Solicitud de la veeduría al Puesto de Mando Unificado”.

 

“No hay avances en los diseños para las soluciones definitivas en los kilómetros 46 y 64”.

 

“La veeduría insiste en la solución para el Km 58, pero se conoce un link de diseños, donde no especifica si es para el viaducto, tampoco hay cronograma oficial para la licitación y ejecución”.

 

“En el kilómetro 58 el Gobierno Nacional plantea como solución definitiva la construcción de un viaducto, pero a la fecha no hay información técnica sobre las variables geológicas, específicamente sobre la falla La Jabonera, y las estabilidad de los terrenos en el lecho del río, donde se planea la implantación del puente, tampoco en detalle las amenazas, vulnerabilidad y el riesgo”.

 

“Después de 2 años de la caía del Puente Chirajara no se conocen los diseños definitivos de la nueva obra, que será puente con voladizos sucesivos”.

 

“Se solicitó a la Contraloría General de la Nación la auditoría especializada al contrato 444 de 1994, por los sin números de eventos que han hecho que el tramo 2 no se haya entregado en su totalidad”.

 

“Coviandes como la constructora a cargo del Puente Chirajara y a cargo de la operación y mantenimiento durante 26 años del corredor vial, causó daño social y económico por detrimento patrimonial al Meta, debido que es la única vía para el desarrollo económico territorial”.

 

“No es aceptable la exigencia de la concesionaria Coviandes para que el Estado le retire la demanda por la caída del viaducto atirantado Chirajara”.

 

“El Gobierno Nacional debe exigir el dinero por los perjuicios causados a los viajeros de la vía Villavicencio a Bogotá, por la no utilización de los 6 kilómetros de carretera que ya pagaron y no han entrado en operación por falta del viaducto atirantado Chirajara”.

 

“Desde diciembre de 2019 se solicitó a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, la conformación del grupo tripartita para fijar el cronograma de compromisos que a la fecha no se han cumplido”.

 

“Cuál es la explicación del Gobierno Nacional a la comparación del kilómetro construido en el tramo 2 versus el kilómetro construido en tramo 3, para definir el costo real de los peajes bajo la premisa de metas logradas por los concesionarios”.

 

“Se solicitó respuesta por la conformación, articulación y búsqueda del dinero para organizar una bolsa permanente, que tenga como destino la atención de los puntos críticos, sólo que ha le fecha no hay respuesta de las distintas entidades territoriales para el apoyo del Gobierno Nacional”.

 

“La Agencia Nacional de Licencias Ambientales no revela hallazgos y resultados de investigaciones que ha iniciado por los constantes derrumbes en la vía Villavicencio a Bogotá. Tampoco avanza en la solitud de hacer la inversión forzosa del 1% para declarar áreas protegidas y conservar la montaña”.

 

“A la fecha no ha sido posible que las Corporaciones Autónomas Regionales (Cormacarena y Corporinoquia) se unan al trabajo de vigilancia y articulación con los proyectos asociados a la vía”.

 

“El Instituto Nacional de Vías no entrega el cronograma de las obras que tiene a cargo en la vía Villavicencio a Bogotá”.

 

“Como el Gobierno Nacional dice que la vía por el Sisga es la carretera alterna a la vía Villavicencio a Bogotá, a la fecha no han accedido a la visita a ese corredor con el propósito que la veeduría pueda opinar si nos sirve a los metenses para transitar cuando hayan cierres en la ruta habitual”.

 

“La concesión no ha sido la solución a la conexión de los Llanos con el centro del país, para aprovechar su potencial e impulsar su desarrollo. Los usuarios a pesar de pagar por obras defectuosas e inconclusas, no tenemos vía en doble calzada, las responsabilidades son compartidas y el servicio no es continuo y seguro 24/7. Se perdió confianza y no contaremos con una vía “autopista” en doble calzada, a pesar de todas las promesas y de pagar los peajes más caros de Latinoamérica”.

 

La Veeduría Vial del Meta está integrada por ANDI Llanos, Cotelco Meta, Fenalco Meta, Camacol Meta, Comité Intergremial del Meta, Universidad Santo Tomas, Sociedad de Ingenieros del Meta, Comité Cívico de Villavicencio, Sociedad de Arquitectos del Meta, Corporación Universitaria del Meta, Cámara de Comercio de Villavicencio, Terminal de Transportes de Villavicencio, Sociedad de Mejoras Públicas de Villavicencio, Comisión Regional de Competitividad del Meta y la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del Meta.

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