Supertransporte convocó 10 Secretarios de Tránsito para impulsar acciones en contra de la informalidad.

Los secretarios de Tránsito y Movilidad de Cali, Bucaramanga, Cartagena, Armenia, Montería, Popayán, Villavicencio, Sincelejo y Pasto recibieron una actualización en temas normativos de control al Transporte y al Tránsito para aclarar hasta dónde van sus competencias en la entrega de vehículos inmovilizados en cada jurisdicción, entre otras normas además  de capacitarlos acerca de mecanismos a implementar para combatir el transporte informal en sus municipios.

 

“Los municipios deben tener en cuenta que de la calidad del servicio que se les ofrezca a los usuarios, depende –en gran medida– el éxito de los Sistemas de Transporte Público, así como la disminución en las tasas de informalidad, que al final generan competencia desleal contra los transportadores formales y riesgos para los ciudadanos que utilizan vehículos no autorizados”.

 

Quedó claro que los Secretarios solo pueden entregar los vehículos inmovilizados por infracciones al Tránsito dentro del rango de acción municipal, ya que las infracciones al Transporte (violación de las condiciones exigidas para recibir la habilitación) son de rango de acción nacional y son competencia directa de la Superintendencia.

 

Los vehículos de servicio público inmovilizados por infracciones a las normas de transporte, afiliados a empresas de servicio especial, intermunicipal y de carga, son competencia de la Súper, y solo a esta corresponde su entrega.

Hay casos que, quizá por desconocimiento, algunos municipios están entregando vehículos inmovilizados por causas que actualmente cursan un proceso administrativo en la Supertransporte y esto obstaculiza el proceso  y no permite que los infractores reciban la sanción que corresponde”

 

 

Los funcionarios municipales se comprometieron a efectuar un riguroso control en el proceso de reporte de información al Simit, y también anunciaron que adoptarán medidas más estrictas para detectar la reincidencia de conductores infractores, con el fin de aplicar la suspensión o cancelación de licencias de conducción.

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